El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, advirtió que la intención de enviar al ámbito federal la investigación por presunto peculado agravado por 98 millones de pesos en contra del exgobernador Javier Corral, bajo el argumento de que los recursos involucrados corresponden a participaciones federales, podría generar consecuencias graves no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional, al desarticular el actual sistema de competencias en materia de fiscalización.
Acosta Félix explicó que la resolución emitida por un tribunal colegiado parte de una interpretación errónea, al establecer que las participaciones federales nunca pierden su naturaleza federal. Señaló que el fallo se sustenta indebidamente en el capítulo quinto de la legislación aplicable, el cual corresponde a aportaciones federales, cuando en realidad las participaciones están reguladas en el capítulo primero, con un tratamiento jurídico distinto.
Indicó que, históricamente, ha sido claro que los recursos locales y las participaciones federales son materia de fiscalización por parte de las auditorías estatales, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, con esta resolución se genera una dislocación del sistema de competencias, lo que abre una confusión que no se limita a Chihuahua, sino que podría extenderse a todo el país.
El auditor superior calificó la decisión como dañina, ya que tendría como consecuencia poner en riesgo los procedimientos legales de la llamada Operación Justicia para Chihuahua. Detalló que muchos de los casos investigados, relacionados con el desvío de recursos durante la administración del exgobernador César Duarte, involucran precisamente participaciones federales, por lo que los tribunales locales quedarían impedidos para sancionar a excolaboradores e incluso al propio exmandatario.
Advirtió que, al buscar beneficiar a una sola persona que promovió este criterio, se estaría favoreciendo indirectamente a César Duarte y debilitando de fondo los procesos legales impulsados en su contra, al grado de que podrían desecharse investigaciones completas por una supuesta falta de competencia de las instancias estatales.
Acosta Félix señaló que esta situación deberá ser analizada junto con el Congreso del Estado, a cuyos integrantes expondrá el contenido y alcances de la resolución, para definir el camino a seguir. Subrayó que el impacto potencial resulta ilógico y sin sentido, al ejemplificar que en entidades donde hasta el 98 por ciento de los recursos públicos provienen de participaciones federales, las auditorías estatales solo podrían revisar el dos por ciento de su presupuesto.
Finalmente, recalcó que se trata de una resolución que aparenta ser sencilla, pero que en realidad trastoca de manera profunda todo el sistema nacional de fiscalización y control del gasto público.